La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia
informativa el próximo 3 de octubre, para conocer la situación general de la
utilización de la fracturación hidráulica (fracking)
y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a
consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia
responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y
Uruguay, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).
La
audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el
marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas
defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información
detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya
documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las
organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de
recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región, para garantizar los
derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos
no convencionales de hidrocarburos.
De
acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5000 pozos
de fracking. En Argentina,
aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales,
actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la
isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3350, aunque las
organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a
esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos
que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la
prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales.
Dorys
Stella Gutiérrez, Presidenta de CORDATEC (San Martín, Cesar) e integrante de la
Alianza Colombia Libre de Fracking destacó que “esta será una oportunidad para denunciar
internacionalmente las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo
a raíz de los proyectos de fracking que promueven el Gobierno de Colombia y las
empresas petroleras, y que ponen en riesgo el agua, la salud y la vida de
millones de personas”. Además de la audiencia y las actividades con la CIDH, “la
agenda comprenderá visitas a zonas afectadas por fracking y una gira de
incidencia con organizaciones, activistas y autoridades en Estados Unidos, en la
que esperamos visibilizar el riesgo que implicaría el fracking para la vida y
la integridad de los líderes sociales, en un país que pretende superar décadas
de guerra y violencia”, puntualizó Gutiérrez.
Mientras
en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y
Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud
que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se
aplica el fracking posee un
conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede
ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo,
se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la
población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en
Estados Unidos.
